El Renegado: un diputado giojista, denunciado por usurpación
Ya le había hecho un gesto obsceno a un diario (foto -cedida por Diario Huarpe-). Ahora, con una amoladora, el legislador provincial rompió la cerradura de la puerta de un local vecinal. Ingresó y dijo que iba a poner una biblioteca. Lo denunciaron por violación de domicilio.
Una imagen vale más que mil palabras. Y los gestos, cuando se materializan, pueden dejar sentado un precedente claro de una conducta personal acostumbrada. La imagen, en una foto publicada hace algunos meses por Diario Huarpe, sobre el diputado del Frente para la Victoria por San Martín, Rolando Cámpora (le hizo un gesto obsceno al fotógrafo de ese medio), se agravó ahora con una denuncia penal hacia este mismo legislador. En esa denuncia se especifica que entró en forma violenta a un salón de la Unión Vecinal de la Zona Centro de su departamento el miércoles 29 de julio.
Amoladora en mano, Cámpora rompió la cerradura del inmueble y dispuso que en ese lugar tiene que funcionar una biblioteca. El legislador asegura que no hubo usurpación y que está autorizado por el IPV para ocupar el módulo habitacional. La denuncia penal va dirigida también hacia un concejal y el secretario del diputado. Hay quienes dicen que hay olor a interna política en el departamento.
En la unión vecinal cuentan que el local supuestamente usurpado servía como lugar para enseñar inglés y para que algunos médicos atendieran a los afiliados al PAMI, entre otras actividades.
El escenario
La sorpresa cayó sobre las 20 de aquel miércoles. El presidente de la unión vecinal, José Augusto Rojas, recibió una comunicación telefónica de Nelly Díaz, secretaria administrativa de la entidad. La noticia llamó la atención de Rojas, porque Díaz le dijo que tres personas que no pertenecían a la administración de la unión vecinal estaban ocupando un módulo comercial de la institución ubicado en calle Linton y avenida Sarmiento, en el barrio Pie de Palo. Y la noticia tomó aún mayor efervescencia cuando Rojas supo, a través de su teléfono, que quienes estaban adentro del módulo habitacional eran el diputado provincial Rolando Cámpora, el concejal Daniel Sánchez y Gustavo Antúnez (secretario de Cámpora en la Legislatura). Ahí nomás, Rojas se fue hasta la Unión Vecinal y cuando le preguntó al diputado sobre su acción, Cámpora le dijo que tiene en su poder un “mandato del IPV –Instituto Provincial de la Vivienda- para ocupar el módulo, debido a que no era de nadie, pero en ningún momento exhibió tal mandato”, dice el certificado de la denuncia policial en la comisaría 19º. Rojas asegura que se presentó a Legales del IPV ese mismo día para corroborar la veracidad de lo expresado por el diputado Cámpora, pero dice que no tuvo comunicación desde esa área gubernamental.
Las sospechas sobre un trasfondo político en el hecho fueron desmentidas por los actores del acontecimiento e inclusive por el intendente Cristian Andino. Quienes alientan la suposición de que haya una interna en el departamento detallan que el presidente de la Unión Vecinal San Martín es esposo de la concejal Marta Gramajo. La concejal, además, pertenece al partido Crecer, que es el que lo llevó a la intendencia a Andino. Mientras que el diputado Cámpora y las otras dos personas denunciadas por el hecho pertenecen al Justicialismo. Por eso razón se tejió la duda de un supuesto problema político como trasfondo. Aunque desde la unión vecinal aseguran que esas disputas no existen.
Dedo insultante
Hace algunos meses, Rolando Cámpora se encontraba en una sesión en la Cámara de Diputados cuando vio a un fotógrafo de Diario Huarpe. Como ese medio acostumbra a investigar el trabajo de los legisladores y marca quiénes trabajan y quiénes no en la Legislatura, el diputado le hizo un gesto obsceno con su dedo (ver fotografía) a la cámara fotográfica que apuntaba en su dirección. Esa imagen ocupó la portada del aquel diario y tuvo mucha repercusión en el ambiente político. Y esa misma foto parece repetirse acá. Aunque en este caso el gesto con su dedo anular parece ir en dirección, según lo expresado por quienes dirigen la unión vecinal de San Martín, hacia los vecinos de aquel departamento.
Acción penal
El complejo habitacional, según consta en la misma denuncia penal efectuada por el presidente de la unión vecinal, tenía cerrada la puerta principal de acceso y una reja que precede a esa puerta. El abogado de esa institución, el doctor Miguel Gómez, contó que en ese local hay documentación de la unión vecinal y una bomba de agua que pertenecen a la entidad. La denuncia detalla lo mismo.
La presentación en la comisaría 19º fue hecha por “violación de domicilio”, según explica la nota dirigida por Rojas al interventor del IPV, el ingeniero Vicente Manuel Marrelli, contándole lo sucedido.
Adjudicación
El módulo de la discordia en la Unión Vecinal Zona Centro San Martín, le fue dado en posesión a esa entidad el 17 de abril de 1985, según consta en los registros notariales de la escribanía del IPV. Además, el abogado Miguel Gómez expresa que el local pertenece también a la custodia de esa entidad porque está ubicado en el mismo terreno. Ese módulo, según figura en las copias de los documentos del IPV que guardan en la unión vecinal, fue dado en posesión en su momento para el funcionamiento de una guardería infantil.
Posteriormente, desde el IPV constataron que la resolución de 1985 no especificaba que era una “adjudicación en venta”. Por esa razón, el 3 de abril de 1989 ampliaron la resolución precedente y le otorgaron a la unión vecinal la adjudicación en esos términos y con los plazos a pagarlo. “Desde el punto de vista técnico el IPV nunca notificó a la unión vecinal sobre un acto de revocatoria de la adjudicación del año ‘89”, aclara el abogado de los supuestos damnificados.
Los denunciantes de “violación de domicilio” también exhiben una nota que le enviaron al interventor del Instituto Provincial de la Vivienda para conocer la deuda que la entidad vecinal tiene, con el motivo de ponerse al día con los pagos. Esa nota fue enviada el 8 de junio de este año y parece ser otro punto por el que los actuales administradores de la entidad vecinal intentan demostrar el interés que tienen en mejorar la situación del inmueble.
Lo niega
El diputado oficialista Rolando Cámpora le dijo a Diario de Cuyo el sábado 8 de agosto que lo que él hizo no es usurpación. Además de contar que la utilización de la amoladora fue porque ellos ya usaban el lugar. “Un día llegamos y nos encontramos con que habían soldado la reja", explicó; y dijo que entraron usando la fuerza porque por una vía administrativa se les iba a retrasar mucho la posibilidad de ingreso al local. “No hubo usurpación. Yo tengo en mi poder la resolución 1.240 del 12 de mayo último, mediante la cual el IPV me autorizó a montar allí la biblioteca Rubén Miodoswky", le dijo Cámpora al matutino provincial.
El acontecimiento, que no deja de ser curioso, es investigado en el Segundo Juzgado Correccional, a cargo del juez Eduardo Gil. Y el hecho constituye además el segundo acto indecoroso, en menos de cuatro meses, que tiene el diputado Rolando Cámpora en su función como legislador provincial. La foto de Diario Huarpe parece ser un ícono de lo que ocurre ahora con la unión vecinal. Si se comprueba que su actuación estuvo fuera de las reglamentaciones vigentes en el IPV esa foto puede cobrar un tamaño mucho más grande aún, a modo de representación de lo que, a priori, se visualiza como una conducta que reviste rasgos de costumbre en el legislador.
Pablo Zama
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